Una vez recibida la multa, se abre el Proceso Sancionador, que constará de las siguientes fases:
Alegaciones: Hay que apuntar la fecha en la que se recibe la denuncia para que no se nos pase el plazo de alegaciones. Tendremos 15 días para formular las mismas, debiendo exponer nuestros argumentos de forma clara, así como aportar las pruebas de las que se disponga.
La denegación de una prueba debe estar motivada por el Órgano que resuelve.
Resolución: Tras la fase de alegaciones, el Órgano competente dictará una Resolución a cuyo través, por lo general, se describirán los hechos denunciados, se dirá que tipo de infracción constituyen y la sanción que corresponde.
Como ya apuntábamos en nuestra anterior entrada, la Resolución ha de contener los Recursos que caben frente a la misma, así como el plazo para interponerlos.
El Recurso frente a la Resolución Sancionadora puede ser de Alzada (si ha de interponerse ante el Órgano superior al que la dicta), y el plazo será de un mes, o de Reposición ante el mismo Órgano que dictó la resolución si ésta pone fin a la vía administrativa, también en el mismo plazo de un mes. En este segundo caso se puede optar por acudir directamente a la jurisdicción Contencioso-Administrativa en el plazo de dos meses.
Un dato muy importante a tener en cuenta es el plazo de prescripción de las sanciones, que será de tres meses para las infracciones leves, 6 meses para las graves y 1 año para las muy graves.
Si el infractor no recibe nada en tales periodos la sanción puede haber prescrito, si bien hay que tener en cuenta que ciertas actuaciones de la Administración interrumpen dicho plazo de prescripción, como pueden ser las tendentes a averiguar la identidad del conductor infractor.
Igualmente, la Administración tendrá 1 año para iniciar las actuaciones de ejecución de la sanción, transcurrido el cual deja de ser ejecutable.